lunes 28 de agosto de 2006

El anti-aristotelismo de las clases políticas argentinas

Voy a postear un consejo aristotélico que creo tiene gran actualidad. Se podría aplicar, especialmente, a casi todas las clases políticas en Latinoamérica[1], pero sin embargo el caso argentino es ejemplar en haber obviado la vigencia de estas enseñanzas, tan antiguas como perennes, que ya deberían ser de sentido común para nuestras propias elites intelectuales (o sea: las minorías que piensan en lugar de quienes optan por no pensar y seguir siendo masas). Veamos lo que dice el libro V de la Política:


Muy importante en todo régimen es que las leyes y el resto de la administración estén organizados de modo que no sea posible que las magistraturas sean fuente de lucro. Esto hay que vigilarlo especialmente en las oligarquías pues el pueblo no se irrita tanto por estar alejado del gobierno -al contrario, incluso se alegra de que se le deje dedicarse a sus asuntos privados-, como por creer que los magistrados están robando los bienes públicos, porque entonces les molestan ambas cosas: el no participar de los honores y de las ganancias. Y la única manera posible de conseguir que el régimen sea a la vez democracia y aristocracia es que alguien pueda lograr aquello, pues sería posible que los notables y el pueblo tuviesen ambos lo que desean. En efecto, que todos puedan acceder al gobierno es democrático, y que los notables estén en las magistraturas es aristocrático. Y esto ocurrirá cuando no sea posible lucrarse con las magistraturas; pues los pobres no querrán gobernar al no ganar nada con ello, sino que preferirán dedicarse a sus asuntos privados, y los ricos podrán gobernar porque no tienen necesidad de los bienes públicos. Con lo que resultará que los pobres se harán ricos por gastar su tiempo en sus trabajos[2], y los notables no serán gobernados por cualesquiera. […P]ara que se ejerzan los cargos sin lucro, es necesario que los honores sean establecidos por ley para los de excelente reputación. Es necesario en las democracias, respetar a los ricos, no sólo con no hacer reparto de sus propiedades, sino tampoco de sus frutos, cosa que en algunos regímenes ocurre sin que se advierta; es mejor impedirles sufragar, aunque lo deseen, costosas pero inútiles cargas públicas.


Una de las artimañas propagandísticas que los actuales demagogos usaron para obtener el poder fue, durante la pasada década de reformas (reformas dirigidas, salvo en los casos de mercantilismo, a favor de la propiedad privada y la libertad económica), el apelar a la existencia de corrupción entre los magistrados. Los sectores más pobres del pueblo aceptan que los políticos vivan de los bienes públicos, siempre y cuando ellos puedan hacer lo mismo. Si esto no sucede, como bien describe Aristóteles, vivir del erario público es visto por la masa como molesto, cuando no insoportable. Y así fue que la transición hasta el actual estado de cosas se logró utilizando esa característica de la opinión pública, en vistas de que no se podía argüir la existencia de una crisis económica que perjudicara las ganancias de los pobres[3]. Se puede decir entonces que gran parte del fracaso del anterior gobierno se debió a no blanquear los ingresos de los magistrados, lo cual fue aprovechado por la oposición kerenskiana de aquel momento para poner al pueblo contra aquellos, lo que sería el preludio del actual sistema de reparto de las propiedades de los ricos a través de sus frutos, con los cuales -y en esto no podemos menos que coincidir con Aristóteles- se sufragan costosas e inútiles obras públicas. Este sistema sostiene, a su vez, el interés de los pobres en gobernar directamente como única forma de enriquecerse, idea -autodestructiva del régimen democrático- que la demagogia sindical y política favorece para sostenerse en el poder ganándose la confianza del pueblo “calumniando a los notables” y dividiendo así la “ciudad en dos al luchar contra los ricos”

Dicho esto, podemos afirmar que la primera parte del consejo de Aristóteles es el reverso de lo que sucedió durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, y la segunda el reverso de la presidencia de Néstor Kirchner.

El liberalismo político es, precisamente, la combinación de aristocracia y democracia, y, nos dice Aristóteles, ninguno de estos regímenes puede existir, en el fondo, sin el otro, siendo la igualdad de fortunas destructiva para ambos. El no poder beneficiarse de los fondos públicos hace que los pobres no puedan vivir de los demagogos y busquen entonces enriquecerse productivamente con sus propios negocios, y que los ricos ya no vean expropiados sus ingresos y no busquen beneficiarse del dinero público o de sus privilegios, siendo que este se obtendrá de sus propios medios privados. Cuando estas “reglas de juego” se rompen, sucede exactamente lo contrario. Hoy la política argentina puede lograr graciosamente, con un amplio margen de acción y de corrupción, combinar demagogia con oligarquía, y sobrarle el tiempo para aderezarla con unos toques de tiranía.



[1] Cfr., José Ignacio García Hamilton, Por qué crecen los países, Editorial Sudamericana, Argentina, 2006, pp. 167-215

[2] Como en el resto del pensamiento aristotélico se vuelve a la cuestión de lograr el justo medio: “[…I]ntentar que se mezcle el grupo de los pobres con el de los ricos, o aumentar la clase media (pues esto disuelve las sediciones debidas a la desigualdad)”

[3] Cfr., José Benegas, La moral del violador, Editorial Cumacú, Argentina, 1999, pp. 33-41